Para nadie es ajeno que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido ampliamente criticado por su falta de celeridad en la tramitación de denuncias en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se han escrito sobre este particular tesis doctorales y ensayos. Lo grave, sin embargo, es pretender perfilar al país, como un foco de polarización política en la región.

Ni polarización política, ni llamados al avance en la irrisoriamente nombrada institucionalidad de la justicia. En Bolivia, impera desde tiempo atrás un régimen de facto, esto es, una dictadura sin mayores ribetes. 

Prueba de ello es el golpe parlamentario por la que se extirpó la posibilidad de que la así llamada oposición pueda hacerle frente en el Congreso. Más atrás está el fraude electoral descarado y sin parangones en la historia del país. 

Ignoro por tanto, de qué polarización habla la comisionada panameña Esmeralda de Troitiño. Si por dicho término entendemos la pugna manifiesta y a veces descontrolada de dos jugadores en la sala democrática, esto claramente no ocurre en Bolivia. 

Presos políticos, exiliados por las mismas razones, crimen organizado ligado al negocio del narcotráfico, entre otros, dan cuenta del nefasto régimen político en el país, y la superabundante información tras la que se evidencia ya, una dictadura similar - ¿o peor? – a la que se vivió durante los años negros de Luis García Meza.

Ponderamos que las declaraciones del comisionado Joel Hernández García, es de igual manera altamente cuestionable y en no pocas oportunidades sesgada y llena de contradicciones. Si lo que verdaderamente ocupa a la CIDH es ser agente de defensa y promoción de los derechos humanos en la región, no se logra entender cómo quiso justificar con palabras su participación pública en un acto de reconocimiento de los autores del fraude electoral en el país. 

Tal como cuenta el periódico Página Siete de La Paz, el comisionado Hernández estuvo presente en el reconocimiento y desagravio que organizó el Ministerio de Justicia para los vocales de 2019 del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La OEA, en una auditoría, concluyó que en esos comicios hubo “manipulación dolosa” en actas y en procesamiento de resultados. Con justo motivo, Jaime Aparicio afirmó: “El señor Joel Hernández actuó como un agente político del gobierno mexicano y no puede seguir siendo el relator para Bolivia, Bolivia no puede permitir que este señor siga en esa función”.

En definitiva, la escandalosa visita de la CIDH debe llamar profundamente la atención. La OEA, pero también la ONU, deben tomar cartas en el asunto. 

Despedir a Hernández y desagraviar al pueblo boliviano, víctima de una tiranía. Esto es lo que nos debería ahora ocupar.