Días pasados, el PIT CNT calificó de «criminal» la reforma «neoliberal», volviendo a impugnar la existencia del ahorro individual como una expresión capitalista. Es una afirmación frecuente e irreal, tan irreal como desconocer que un millón y medio de trabajadores (1:341.502) están afiliados a los fondos de acumulación y retiro. Razón por la cual, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, las AFAPs siguieron y nadie, desde el gobierno, intentó abandonarlas. El propio Murro, notorio contradictor, no logró apoyo para algún intento de cercenarlas que había imaginado.

Luego vienen las afirmaciones en cadena. «Que se va a trabajar más y ganar menos», que «las jubilaciones se achicarán», que responde a un modelo «concentrador e impopular», etcétera, etcétera.

El Frente sabe que este es un tema espinoso y siempre difícil de explicar a la ciudadanía. Lleno de temores y prejuicios. Por eso, durante el gobierno pasado, todos sus referentes, el Presidente Vázquez, Mujica e insistentemente Astori, afirmaban que el próximo gobierno debía reformar el sistema para volverle a dar estabilidad de futuro, pero no lo hacían. Reconocían la necesidad, pero derivaron el tema al próximo gobierno, que es el que lo ha encarado con sentido de responsabilidad cívica, de compromiso con el país y sus trabajadores.

Su necesidad es obvia: vivimos más años, vivimos mejor, hay que tratar de ajustar las edades a la nueva realidad como, por otra parte, ocurre en el mundo entero. Por supuesto, en nuestro sistema hay excepciones, como la construcción, por ejemplo, que mantendrán su régimen, pero en general nadie puede discutir que hoy la vida útil se ha prolongado y ello es magnífico, no una desgracia. De hecho, por otra parte, el promedio de quienes se jubilan en el BPS es de 63 años, por lo que no estamos hablando de extravagancias.

El BPS hace los cálculos y afirma que aplicada la ley tal cual se propone, nadie perdería nada. Es más: las jubilaciones más chicas mejorarán claramente, por un subsidio complementario. Pero nada importa a la oposición, se inventan números de origen desconocido, para seguir falsificando la realidad y afirmar que habrá rebajas.

Lo que preocupa es como la mentira repetida llega a confundir a infinidad de gente. Desde ya que nos gustaría jubilarnos antes y cobrar más, como hoy también a todos les agradaría trabajar menos y ganar mejor. Pero ese es el mundo de la fantasía y no el de las realidades. Es el sueño mágico de sacar «la grande» para no trabajar más…

Por otra parte, lo hemos repetido hasta el cansancio, nadie con más de 50 años tendrá ningún cambio. Y el régimen general empieza a aplicarse recién en 2032. Lo que ya entraría en vigencia es algo reclamado desde hace años y que el diputado batllista Conrado Rodríguez ha propuesto reiteradamente: que el jubilado pueda volver a trabajar formalmente en otra actividad, sin perder su jubilación, como ocurre hoy.

Lo increíble es que haya quienes crean los tremendistas anuncios de los que hace un año nada más, mintieron descaradamente cuando se discutió la LUC. Recordemos que se afirmaba que la Antel poco menos que se fundía y ha resultado tanto al contrario, que tiene más clientes, el mercado telefónico se amplió y el ciudadano se benefició de mejores precios. El benemérito SUTEL hacía afirmaciones de un alarmismo asombroso. Desmentido por los hechos, se callan y a otra cosa.

También era un hecho que marchábamos al «gatillo fácil» y que habría abatimientos en cadena, a manos de una policía exacerbada. No ha ocurrido nada ni parecido. Los números hablan. En los primeros 18 meses de aplicación de la LUC hubo 35 muertos en choques armados con la policía; en los 18 meses previos cuando gobernaba el Frente Amplio, 47. O sea, todo falso.

En materia educativa, los clamores eran los de siempre, los que oímos desde hace cuarenta años, que se «privatiza» la educación, que «no se escucha a los docentes», que los nuevos planes «comprometen la educación de los niños». La recurrencia es rotunda: la propuesta gremial siempre es no hay que cambiar nada. Esa ha sido la consigna gremial desde 1972, en que se oponían a la creación de una autoridad común (Codicen hoy) y en 1995, cuando la reforma que presidió Rama, a la que le hicieron una guerra hasta por la alimentación a los niños.

Ni hablar de los desalojos abreviados, que amenazaban con lanzamientos masivos. Hoy está claro que ofrecen una opción a muchos inmigrantes que carecen de garantía y a los que nadie les arrendaba nada. En cualquier caso, los casos de incumplimiento son una ínfima parte del total de los desalojos. En 2021 y 2022 hubo 103 casos, o sea un 1.8% del total de desalojos, que fueron 5.540 por las casuales de siempre. Dato de la Suprema Corte de Justicia, en respuesta a un pedido de acceso del diario «El País».

Este artículo pretende ser una alerta sobre las falsedades y apelar a la conciencia de los ciudadanos para que militen en el tema. Realmente duele que se juegue así con el futuro del país y su gente. Por cierto, ni esta ley de seguridad social agotará el tema, particularmente complejo, ni soñamos con la perfección. Se trata de salvar lo que existe, para no emprender el camino de los desequilibrios inflacionarios de Argentina.

Fuente: Correo de los Viernes