Estados Unidos, ni más ni menos, está enfrascado en una desenfranada lucha entre republicanos y demócratas hace ya un tiempo, y la violencia adolescente en recintos educativos. A ello acompaña el hecho de las grandes necesidades de una buena parte de su población para acceder a la salud y a la educación.

En el otro extremo, esta vez en América Latina, se halla Cuba, que por más de medio siglo sigue apostando por un régimen de corte totalitario con todas las implicancias y sobre todo detrimentos que ello supone.

Más cerca del Golfo que divide Latinomérica y Estados Unidos está México, azotado por la violencia y el narcotráfico, como muchos otros países del Hemisferio. Argentina y Chile, tienen a su vez problemas sociales y ante todo económicos de difícil resolución.

Si abarcamos más aún la región y penetramos en el mundo de habla portuguesa, encontraremos a un Brasil, sumido en una polarización sin precedentes en su historia que ha rebajado a su nivel más extremo el respeto y decoro de sus líderes políticos, sumidos en una guerra sin cuartel y con grandes adjetivaciones fuera de lugar, que merman el talante de la mayor democracia de América Latina. Por otro lado, el gigante brasileño no ha podido solucionar todavía los altos índices de violencia en sus grandes urbes, ni las necesidades de la gente con escasos recursos cada vez más necesitada.

A la lista anterior, se suman la inestabilidad política de Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros, que han derrumbado en muchos sentidos las esperanzas de construcción de sociedades afianzadas en la institucionalidad. 

Frente a estas adversidades quedan en América Latina dos países ejemplares, y no uno. Nos referimos a Costa Rica y Uruguay, cuya solidez institucional, respeto y profundización de los derechos humanos y de la dignidad humana, son centrales a la hora de concebir políticas públicas.

El caso paradigmático uruguayo se afianza en los estándares de vida más altos, entendidos éstos por una sana redistribución de la riqueza, igualdad de oportunidades, salud y educación universal y gratuita, a la vez que un estímulo a la inversión privada y extranjera en el marco de una regulación de libre competencia, que se ve sostenida por el inmenso caudal de normas jurídicas claras y estabilidad política.

Ojalá los gobernantes del mundo, y especialmente de Latinoamérica, entendieran en su conjunto que ir en detrimento de la democracia y el Estado social y democrático de derecho, acompaña un rezago.