MADRID, 10 Feb. 2023 (Europa Press) -

Grupos humanitarios que trabajan con la agencia de la ONU al identificado menos 72 ataques desde octubre de 2021 hasta la primera semana de febrero, de ellos 13 efectuados por grupos armados, que se han saldado con al menos un estudiante fallecido y los secuestros de al menos de dos trabajadores de estos centros.

De hecho, solo en los seis primeros días de este mes, una treintena de escuelas han cerrado sus puertas como consecuencia de la violencia urbana en el país y la incapacidad de las fuerzas del orden para proteger las instalaciones --al menos 15 agentes de Policía murieron a manos de las pandillas solo durante las dos primeras semanas de enero--. Una de cada cuatro llevan cerradas desde octubre del año pasado.

Estos actos de violencia son obra en su inmensa mayoría de las pandillas que operan en Puerto Príncipe, la capital, controlada en un 60 por ciento por los grupos armados, estima la ONU, a cuyos integrantes UNICEF acusa de saqueos indiscriminados en los centros educativos.

Los pandilleros, lamenta la agencia de la ONU, no solo se llevan material educativo como pupitres, sillas o pizarras, sino que también roban ordenadores o fotocopiadoras usados por la administración de los centros, los paneles solares que suministran energía a los colegios, e incluso los alimentos esenciales que suministran las cocinas, como bolsas de arroz o maíz, "vitales para las necesidades nutritivas de los niños de Haití".

Como consecuencia, los niños de Haití perdieron día y medio lectivo por cada semana de enero. A este ritmo, para cuando termine el año lectivo a finales de junio, cada estudiante se habrá quedado 36 días sin ir a clase, por no mencionar que cuando acuden lo hacen en medio de un entorno de extrema violencia que imposibilita el buen desarrollo de las actividades escolares.

"Un niño que no va al colegio es un niño que se expone al reclutamiento de los grupos armados", lamenta el responsable de UNICEF para el país, Bruno Maes, antes de avisar que las escuelas del país han perdido el estatus de "zona protegida" del que disfrutaban en el pasado para convertirse, de un tiempo a esta parte, en un objetivo más de las pandillas.